Colombia jurídica: tres expedientes para entender el debate judicial

Una audiencia pendiente, una controversia sobre el acceso a la evidencia y una sentencia en ejecución representan momentos distintos del trabajo judicial. Los expedientes del talio, la UNGRD y las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz permiten observar esas diferencias.

En el caso de las frambuesas contaminadas con talio, la audiencia de imputación prevista para el 9 de noviembre de 2026 no se realizó por dificultades para lograr la conexión de Zulma Guzmán desde el Reino Unido. Por separado, el calendario de las audiencias británicas de extradición fue trasladado a marzo de 2027. Son actuaciones diferentes: comunicar una atribución penal no equivale a decidir una entrega internacional ni a dictar una condena.

En el proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD, la audiencia preparatoria fue reprogramada para el 2 de febrero de 2027 tras los cuestionamientos de las defensas sobre el acceso al material probatorio. La Fiscalía sostuvo que había entregado los elementos a su disposición, de acuerdo con la cobertura de la diligencia. El debate pone en primer plano el derecho a conocer y controvertir la evidencia, una garantía prevista en el Código de Procedimiento Penal.

Además, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Velasco el 5 de noviembre; esa decisión le permite afrontar el proceso en libertad y no equivale a una absolución. La distinción importa porque una decisión sobre detención preventiva no responde a la misma pregunta que una sentencia sobre responsabilidad penal.

En la justicia transicional, el foco está también en el cumplimiento: la JEP informó sobre labores de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas realizadas en Pitalito por antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP, dentro de la ejecución de su sanción. Las sanciones propias combinan obligaciones restaurativas y restricciones efectivas de derechos y libertades, sometidas a seguimiento.

Estos expedientes proponen tres preguntas para el escrutinio periodístico: ¿se pudo realizar la actuación pendiente?, ¿existió acceso efectivo a la evidencia?, ¿se está cumpliendo lo ordenado? La respuesta exige revisar decisiones y actuaciones concretas, no medir la justicia únicamente por la intensidad de los titulares.